La facultad está atribuida a la Secretaría de Salud y se ejerce a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), órgano administrativo desconcentrado. Dentro de COFEPRIS, la revisión sustantiva de publicidad recae en la Comisión de Fomento Sanitario / Comisión de Autorización Sanitaria, según la naturaleza del trámite y la estructura orgánica vigente.

Consecuencia práctica: en tus escritos, el acto se impugna contra la autoridad emisora concreta que firma el oficio, no contra “COFEPRIS” de manera genérica. Identificar mal a la autoridad emisora es una causa frecuente de desechamiento.

• Medicamentos (de libre venta y de prescripción, con reglas distintas para cada público).
• Remedios herbolarios y productos de perfumería y belleza.
• Suplementos alimenticios, alimentos y bebidas no alcohólicas.
• Bebidas alcohólicas y tabaco (régimen especialmente restrictivo).
• Dispositivos médicos e insumos para la salud.
• Servicios y establecimientos de salud: clínicas, consultorios, hospitales, laboratorios, servicios estéticos con fines médicos.
• Plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas.

Cada sector tiene su propio capítulo en el Reglamento y sus propias prohibiciones específicas. Tratar “publicidad sanitaria” como una sola categoría es el error de origen.

Sí. La regulación se define por el contenido del mensaje y por el público al que se dirige, no por el soporte. Un post de Instagram, un reel, un correo masivo, un banner programático, una landing page, un video de YouTube o el guion de un influencer son publicidad para efectos sanitarios si promueven un producto o servicio regulado ante el público en general.

Punto crítico y frecuentemente ignorado: la responsabilidad recae en quien ordena, contrata y se beneficia de la difusión. Que el mensaje lo haya escrito una agencia, un creador de contenido o un colaborador interno no traslada la responsabilidad sanitaria.

El Reglamento distingue la publicidad dirigida a profesionales de la salud de la dirigida al público en general. La primera admite información técnica y científica que sería inadmisible ante el público lego, pero está sujeta a dos condiciones no negociables: debe sustentarse en evidencia científica verificable y debe ser congruente con la información autorizada del producto.

El riesgo real es de circulación: un material profesional que se sube a una red social abierta, se envía por WhatsApp a pacientes o se publica en un sitio sin control de acceso, deja de ser publicidad dirigida a profesionales y se convierte en publicidad al público en general sin permiso. La segmentación debe ser demostrable, no declarativa.

Los trámites de publicidad sanitaria se identifican con homoclaves del tipo COFEPRIS-04-XXX (permiso de publicidad, aviso de publicidad y modificación al permiso, con distintas modalidades según el producto o servicio). Las modalidades, requisitos, formatos y plazos se actualizan con relativa frecuencia.

Regla profesional: nunca prepares un expediente con base en una ficha descargada hace meses. Verifica siempre la ficha vigente en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios y en el portal oficial de COFEPRIS antes de integrar. Un requisito derogado o uno nuevo omitido produce prevención automática.

• Se configura una infracción autónoma: no se sanciona el contenido, se sanciona la difusión sin autorización.
• La autoridad puede imponer como medida de seguridad la suspensión de los mensajes publicitarios, con efecto inmediato y ejecución sin esperar el fin del procedimiento.
• Se abre procedimiento administrativo sancionador con posibilidad de multa, y en supuestos graves, clausura.
• Efecto reputacional y contractual: pauta perdida, medios que retiran el material y cláusulas de cumplimiento activadas frente a distribuidores.

Actividad que comprende todo proceso de creación, planificación, ejecución y difusión de mensajes con el fin de promover la venta o consumo de productos y servicios. La clave es la finalidad promocional: si el mensaje persigue inducir consumo, es publicidad, aunque se presente como “contenido informativo”, “educación al paciente” o “testimonio espontáneo”.

La unidad concreta que se difunde: el spot, el arte, el copy, el guion, el empaque promocional, la pieza digital. El permiso ampara mensajes específicos, no “campañas” en abstracto. Si cambias el claim principal, el beneficio prometido o el público objetivo, muy probablemente necesitas un nuevo trámite o una modificación.

La afirmación de beneficio que sostiene la venta. Es el punto exacto donde marketing y regulación colisionan. Los claims se clasifican en:

• Autorizados: están literalmente en la autorización sanitaria del producto.
• Derivables: se sostienen razonablemente en la información autorizada y en evidencia científica.
• Prohibidos: atribuyen propiedades preventivas, terapéuticas, rehabilitatorias o curativas no comprobadas ni autorizadas.

Frases como “fortalece tus defensas”, “elimina el dolor”, “sin efectos secundarios”, “el mejor del mercado”, “recomendado por especialistas” o “100% seguro” exigen sustento documental o simplemente no proceden.

Principio rector: la publicidad debe coincidir con las características, propiedades e indicaciones consignadas en la autorización sanitaria del producto. No basta que el claim sea “verdadero” en términos científicos generales; debe estar respaldado por la autorización específica de ese producto en México.

Texto obligatorio que debe acompañar ciertos mensajes (por ejemplo, la consulta a un médico, la advertencia sobre consumo o la aclaración de que un producto no es medicamento). Requisitos frecuentes de cumplimiento: legibilidad, contraste, tiempo de exposición y audibilidad. Una leyenda correcta que aparece dos segundos en pantalla o en cuerpo 6 se considera incumplida.

Requerimiento de la autoridad para que subsanes omisiones o aclares información dentro de un plazo determinado. No es una negativa, es una oportunidad con reloj. Si no respondes en tiempo y forma, el trámite se tiene por no presentado o se desecha, y pierdes el lugar en la fila.

Distinción esencial y frecuentemente confundida:

• Medida de seguridad: es preventiva, no punitiva. Busca detener un riesgo (por ejemplo, suspender el mensaje). Se ejecuta de inmediato y no requiere procedimiento sancionador previo.
• Sanción: es punitiva y solo procede al término de un procedimiento en el que se respetó la garantía de audiencia.

Impugnar una medida de seguridad con los argumentos de una sanción —o al revés— es un error de estrategia que debilita todo el escrito.

Derecho a ser oído antes de ser sancionado. En la práctica sanitaria se materializa tras la visita de verificación: levantada el acta, corre un plazo breve para manifestar lo que a tu derecho convenga y ofrecer pruebas. Ese plazo es el momento de mayor valor jurídico de todo el procedimiento, y es el que más se desperdicia.

Promoción que no tiene formato oficial preestablecido y que se funda en el derecho de petición (art. 8º constitucional) y en las reglas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sirve para aclarar, desahogar prevenciones, aportar pruebas supervenientes, solicitar prórrogas, informar cambios o pedir la reposición de un acto. Su fuerza está en la precisión técnica, no en la extensión.

Efectos que la ley asigna al silencio de la autoridad. Determinar cuál aplica a tu trámite específico no es opcional: define si puedes difundir, si debes esperar, o si ya empezó a correr un plazo para impugnar. Asumir el efecto equivocado del silencio es una de las formas más silenciosas de perder un derecho. Verifica siempre la ficha del trámite vigente.

• Identificación del producto o servicio y de su autorización sanitaria vigente (número, titular, vigencia).
• Pieza completa y legible: arte final, guion literario y técnico, storyboard, locución transcrita, y en digital, la pieza tal como se verá en el dispositivo.
• Medios y modalidad de difusión declarados con precisión.
• Público objetivo definido y, cuando aplique, mecanismo de segmentación demostrable.
• Matriz de claims: cada afirmación con su fuente de sustento —autorización sanitaria, estudio, referencia bibliográfica— en una tabla.
• Leyendas obligatorias con especificación de tamaño, contraste, duración y ubicación.
• Documentación del promovente y acreditación de personalidad de quien firma.
• Comprobante de pago de derechos, cuando el trámite lo requiera.

Construye una tabla de tres columnas antes de diseñar nada:

• Columna 1 — Claim propuesto: la frase textual que quiere marketing.
• Columna 2 — Sustento: texto literal de la autorización sanitaria o referencia científica exacta.
• Columna 3 — Veredicto: procede / procede con ajuste de redacción / no procede.

Este documento hace dos cosas simultáneas: disciplina al equipo creativo antes de que se enamore de un concepto y sirve como anexo demostrativo ante la autoridad. Es el puente entre la agencia y el área regulatoria.

La vigencia y los supuestos de modificación se establecen en el oficio de resolución y en la normativa aplicable al trámite; verifica ambos, no asumas. Lo que sí es universal es la necesidad de control de versiones.

Implementa una bitácora regulatoria con: pieza, número de permiso o acuse de aviso, fecha de resolución, medios autorizados, vigencia, versiones derivadas y responsable. Cuando llega una verificación, esa bitácora es la diferencia entre acreditar cumplimiento en minutos y no poder acreditarlo en absoluto.

• Verifica la orden de visita: autoridad emisora, fundamentación, motivación, objeto, alcance e identificación del verificador.
• Nombra dos testigos. Si te niegas, los designa el verificador y pierdes control del registro.
• Asienta observaciones en el acta. Firmar “de conformidad” sin observaciones cierra puertas que después cuesta muchísimo reabrir.
• Firmar el acta no implica aceptar los hechos; negarte a firmar tampoco los desvirtúa. Lo que importa es lo que quedó asentado.
• Solicita y conserva tu ejemplar del acta y de todo anexo.

Tras el acta corre un plazo breve para manifestar lo que a tu derecho convenga y ofrecer pruebas. Aquí se define el resultado del procedimiento.

• Ataca hecho por hecho, no en bloque narrativo.
• Ofrece pruebas documentales: permisos, acuses, matriz de claims, bitácora de versiones, contratos con medios, capturas fechadas.
• Distingue lo que es defecto formal de la autoridad de lo que es cumplimiento sustantivo tuyo. Son dos líneas argumentales distintas y ambas suman.
• Si procede, plantea la proporcionalidad de la sanción: capacidad económica, gravedad, reincidencia, daño causado y beneficio obtenido.

• Recurso de revisión (LGS, arts. 461 y 462): se interpone ante la propia autoridad sanitaria dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación. Es optativo.
• Juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
• Amparo indirecto cuando se reclaman actos que afectan derechos fundamentales de manera directa e inmediata.

Advertencia estratégica: la elección de vía no es indiferente. Agotar el recurso puede convenir o perjudicar según el caso, los plazos consumidos y la naturaleza del acto. Elegir mal la vía puede consumir el plazo de la vía correcta. Esta decisión requiere análisis del expediente concreto por un profesional.

• Amonestación con apercibimiento.
• Multa, expresada en Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes al momento de la infracción. Las infracciones en materia de publicidad se ubican en los rangos más altos previstos por la LGS.
• Clausura temporal o definitiva, parcial o total.
• Arresto hasta por treinta y seis horas.

Adicionalmente, como medida de seguridad: suspensión de los mensajes publicitarios, e incluso orden de difusión de mensajes correctivos cuando la autoridad lo determine.

• Autoridad destinataria correcta, con denominación completa y exacta.
• Datos del promovente y acreditación de personalidad (poder, acta constitutiva, identificación).
• Número de expediente, ingreso, permiso u oficio al que recae. Sin este dato, el escrito se pierde.
• Petición concreta desde el primer párrafo. Qué pides, exactamente.
• Hechos numerados, en orden cronológico, sin adjetivos.
• Fundamento de derecho con preceptos exactos, incluido el art. 8º constitucional cuando corresponda.
• Relación de anexos foliada.
• Domicilio para oír y recibir notificaciones, correo autorizado y personas autorizadas.
• Firma autógrafa o electrónica válida, y acuse sellado que debes conservar.

• Desahogo de prevención.
• Aclaración de alcance de un permiso ya otorgado.
• Aportación de pruebas supervenientes.
• Solicitud de copias certificadas o acceso al expediente.
• Aviso de cambio de domicilio, representante o titularidad.
• Desistimiento parcial o corrección de datos.
• Solicitud de reconsideración administrativa antes de escalar a litigio.

Un escrito libre preciso vale más que diez llamadas telefónicas.

• Petición difusa: se narra un problema pero no se pide nada concreto.
• Ausencia de referencia al expediente o número de ingreso.
• Personalidad no acreditada o poder insuficiente.
• Anexos mencionados y no presentados, o presentados sin foliar.
• Tono. Un escrito confrontativo no acelera nada y sí endurece la revisión.

• Diagnóstico de clasificación: permiso, aviso o difusión sin trámite.
• Integración completa del expediente y validación documental previa.
• Elaboración y revisión del proyecto de publicidad y de la matriz de claims.
• Presentación, seguimiento y desahogo de prevenciones.
• Modificaciones, prórrogas y control de versiones de piezas derivadas.

• Acompañamiento en visitas de verificación y revisión técnica del acta.
• Contestación de garantía de audiencia y ofrecimiento de pruebas.
• Recurso de revisión ante la autoridad sanitaria.
• Estrategia de vía: recurso, juicio de nulidad o amparo, con análisis de plazos.
• Argumentación de proporcionalidad y reducción de multas.

• Desahogos de prevención y aclaraciones.
• Solicitudes de información, copias y acceso al expediente.
• Avisos de modificación y actualización de datos.
• Escritos de reconsideración y peticiones fundadas en el art. 8º constitucional.

• Traducción del brief creativo a lenguaje regulatoriamente viable.
• Reescritura de claims para conservar fuerza comercial dentro del marco legal.
• Especificación técnica de leyendas: tamaño, contraste, duración y audibilidad.
• Revisión de piezas digitales, guiones de influencers y materiales de punto de venta.

• Talleres para equipos de marketing, agencias y áreas médicas.
• Programas para responsables sanitarios y áreas de compliance.
• Simulacros de verificación y respuesta ante actos de autoridad.
• Diseño e implementación de manuales internos de publicidad sanitaria.

Capacitar a tu equipo cuesta menos que una sola multa.

El plazo de resolución está establecido en la ficha oficial del trámite y se cuenta en días hábiles. El tiempo real depende de dos factores que sí controlas: la calidad del expediente inicial y la velocidad con la que desahogas una eventual prevención. Un expediente completo desde el primer ingreso es, en la práctica, el acelerador más eficaz.

Si el supuesto exige permiso previo, no. La autorización es previa por definición y difundir durante la revisión constituye una infracción autónoma, con independencia de que el permiso se otorgue después.

No. El permiso ampara los mensajes y medios declarados. Cortes, adaptaciones, traducciones, versiones para redes y cambios de claim generalmente requieren trámite de modificación o uno nuevo.

El permiso corresponde a quien promueve el producto o servicio. Si contratas a un creador de contenido para difundir un producto regulado ante el público en general, el mensaje entra en el supuesto regulado y la responsabilidad sanitaria es tuya. El guion debe formar parte del proyecto de publicidad.

Primero, lee la motivación con precisión quirúrgica: muchas negativas son subsanables y conviene reingresar corrigiendo, en lugar de litigar. Si la negativa es infundada o carece de motivación suficiente, procede impugnarla, pero la decisión de vía debe tomarse contando los plazos desde la notificación, no desde que se decide actuar.

Sí. La regulación sanitaria en materia de publicidad es de competencia federal, por lo que atendemos casos de toda la República Mexicana de manera remota, con acompañamiento presencial cuando el asunto lo amerita.